Con la idea de que se trata de un mecanismo de “democratización financiera” para el ingreso a la educación superior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzará por primera vez un sistema de créditos –administrados por las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles)–, mediante el cual los estudiantes podrán adquirir una deuda para cursar sus estudios en universidades privadas y públicas, la cual deberán pagar al término de su carrera, anuncia el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán.
El funcionario se dice convencido de que “si realmente queremos ampliar la cobertura” de este nivel se debe crear este sistema con tasas de interés preferenciales y regulado por el mercado. Adelanta que “este año empezará una prueba piloto en seis u ocho universidades privadas y públicas, para posteriormente lanzar un programa de gran escala”.
Según el funcionario, este esquema, cuyo diseño fue encargado a Nacional Financiera (Nafin), responde también a que “si no eres pobre no tienes posibilidad de obtener una beca. Sin embargo, hay muchos potenciales estudiantes que no lo son (pobres), pero tampoco tienen ningún mecanismo de financiamiento; nadie les presta, nadie les garantiza” la opción de ingresar a los estudios profesionales. Así, los préstamos estarán destinados a las personas que se encuentren en el decil de ingreso de 5 al 10, es decir, los que tienen percepciones de mil 310 hasta 5 mil 757 pesos mensuales.
Esto significa que si una familia tiene cuatro integrantes y está en el decil 5, su ingreso al mes es de 5 mil 240 pesos, y el de una familia de igual número, pero en el nivel 10, es de 23 mil 28.
En entrevista con La Jornada, Rodolfo Tuirán delinea además la principal apuesta de esta administración en el nivel superior: transformar la composición de las profesiones, para lo cual se harán ajustes en la matrícula. Y aunque desde el discurso gubernamental se enfatiza que este cambio consistirá en la generación de técnicos, el funcionario habla de un “equilibrio” entre la oferta y la demanda de profesionales, para lo que se requiere un “nuevo arreglo institucional”, enfatiza.
–¿Hasta dónde se va a permitir que la iniciativa privada entre en la educación superior? Esto, en un contexto en que la OCDE acaba de pedir que se privatice.
–Por parte del gobierno federal hay un compromiso irrenunciable de fortalecer la educación superior pública. Estamos conscientes de que para aumentar la cobertura el gobierno tiene que fortalecer las instituciones de enseñanza superior públicas.
“La SEP no invierte en instituciones particulares; las becas sólo van a las de educación superior pública. Donde sí creo que tenemos que ir trabajando y alentando, tanto para públicas como particulares, es en crear un sistema de créditos con intereses blandos, que no tenemos”.
Para la prueba piloto de dicho sistema, la SEP ya hizo una primera aportación de alrededor de 35
millones de pesos, apunta. Esto, en razón de que es un sistema controlado por las Sofoles y es necesario crear un fondo de garantía para ese fin. Las Sofoles –instancias privadas– administrarán y ofertarán los créditos, por lo que el alumno deberá solicitarlos ahí.
Por su parte, Nafin es la instancia que diseñó el proceso, la que establece el fondo de garantía, “estimula a los competidores en este juego de oferta de créditos” y dará seguimiento a la prueba piloto, añade Tuirán.
Sobre el posible efecto de que este sistema estimule la matrícula de la escuela privada, el funcionario indica que la solicitud de la SEP a Nafin fue que los alumnos de una institución pública o privada tengan la misma posibilidad de obtener financiamiento.
Serán créditos para “todo”: pago de colegiatura, alimentación, vivienda y transporte mientras el alumno estudia. Y una vez que termine “empezará a pagar”.
En síntesis, “lo que estamos haciendo es facilitar y democratizar los medios de financiamiento” para el acceso. Añade que cerca de 7.5 millones de jóvenes quedan fuera de la educación superior cada ciclo escolar, de los cuales alrededor de 585 mil viven en condiciones de pobreza, lo que significa que con las becas que actualmente otorga la SEP, la dependencia llega a uno de cada dos alumnos en dicha situación.
“Dosis de continuidad y cambio”
Tuirán expresa que uno de los cambios fundamentales que emprenderá esta administración en el nivel superior es crear los mecanismos para garantizar que la oferta educativa sea más pertinente con la demanda y las “necesidades de la economía y la sociedad”.
Para ello, se requiere de un “nuevo arreglo institucional”, que consiste en garantizar el federalismo educativo, fortalecer las comisiones estatales de planeación de la enseñanza superior y crear un consejo nacional de coordinación y planeación, con el fin de que se hagan “mejores lecturas” del tipo de profesionales que se requiere.
En aras de lograr este objetivo, se aplicarán varias estrategias, como la “flexibilidad” de los programas de estudio, que consiste en ofrecer “salidas intermedias para que las personas no tengan que esperar cuatro o cinco años en salir (de una carrera)”, sino que a los dos años ya puedan egresar como “técnicos superiores universitarios”. También, se adaptará la estructura de los programas para “brindar mayores facilidades a los que trabajan y estudian simultáneamente”, entre otras medidas.
Al señalarle si el objetivo es crear un “país de técnicos”, insiste: “no negaría la necesidad de avanzar en una matrícula cuya composición sea más balanceada”. Y sobre la que necesidad de pensadores, filósofos, literatos que tiene este país, señala que éstos también se requieren, al igual que los técnicos y los ingenieros.
Admite que el mercado es un “determinante fundamental” en la oferta y la demanda educativa, pero reitera que hay otros dos mecanismos regulatorios: los espacios de las universidades autónomas y la participación del Estado. Las entidades federativas serán las que en su ámbito resolverán este problema, para lo que será esencial la creación de un sistema nacional de información en educación superior.
Destaca que otra de las líneas será “reducir al máximo la proliferación de las universidades patito”, que no cuentan con los mínimos estándares de calidad, para lo cual se buscará que los mecanismos de evaluación y aseguramiento de la educación de calidad transiten “de la voluntariedad a la obligatoriedad”. Lo que ocurre en el paso de un sexenio a otro “siempre es una dosis de continuidad y cambio, en mayor o menor medida”.
Nota del diario "la jornada"
Sin duda alguna una propuesta que puede dar grandes beneficios a ciertos sectores si se realiza con cuidado de no vulnerar los bolsillos de los jovenes estudiantes, esperemos a ver que trae el día de mañana.
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