Los créditos para cursar la universidad beneficiarían a escuelas privadas.

En posts anteriores, nos hemos podido informar sobre el proyecto de créditos para los estudiantes de niveles superiores y la propuesta de la OCDE de una privatización educativa, el día de hoy, y con la ayuda de Emir Olivares, Laura Poy e Israel Dávila que fueron corresponsales de esta nota, nos enteraremos de las opiniones de altos jerarcas de la SEP, la IISUE y la UNAM a ese respecto.

Investigadores y especialistas en políticas educativas advirtieron que el proyecto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de establecer un programa de créditos para estudios superiores debe ser “ampliamente discutido con la comunidad universitaria antes de su aplicación”, pues aseguraron que se trata de una estrategia que “no es la más adecuada, pues está más encaminada a favorecer a la educación privada que a la pública”.

Advirtieron que con esta medida los recursos públicos se destinan “no a la oferta, es decir, a las universidades públicas a través de un mayor financiamiento que consolide proyectos para incrementar la matrícula. Ahora se propone colocar el financiamiento del lado de la demanda, es decir, de los alumnos, quienes tendrán la última palabra sobre a qué institución pública o privada entregan los recursos. Sin duda, se trata de un modelo que responde a la lógica de una economía liberal”.

Al respecto, Alejandro Canales, catedrático del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que con la aplicación de ese programa “el Estado se podría desentender de su obligación de ofrecer servicios educativos, y trasladar la responsabilidad a las familias de los jóvenes”.

Indicó que a punto de que concluya el primer año de gobierno de Felipe Calderón, la sociedad aún no conoce los planes y prioridades del gobierno federal en materia educativa, debido a que en todos los niveles ha presentado propuestas “desarticuladas”.

Ángel Díaz Barriga, también del IISUE, refirió que dicho proyecto no va acorde con los costos de la universidad pública, por lo que en principio los estudiantes de ese sector no serían perjudicados, “pero tampoco beneficiados”.

Indicó que de la matrícula total de educación superior en el país, 75 por ciento de los jóvenes acuden a una institución pública y subrayó que lo preocupante sería que en México se adoptara la propuesta de la OCDE de incrementar cuotas.

Por su parte, Manuel Gil Antón, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en políticas educativas, afirmó que antes de “imponer una decisión se debe tener en cuenta todas las ventajas, pero también los riesgos, pues un sistema de créditos educativos destinados a un sector de los jóvenes que no superan ingresos mensuales de 5 mil 700 pesos puede ser criminal, ya que no se garantiza que lograrán acceder a un empleo digno y con buen salario, por lo que podría resultarles muy oneroso pagar el crédito”.

Señaló que con esos programas se da un “cambio en la política pública del sector que debe ser discutido con la comunidad universitaria nacional antes de su aplicación, debido a los riesgos que implica, pues se corre el peligro de que al entregar recursos públicos éstos acaben en instituciones privadas que funcionan como negocio, y cabría preguntarnos si queremos financiar a universidades particulares que no lo requieren, ya que cobran colegiaturas muy altas”.

En tanto, Roberto Rodríguez, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales, indicó que esta propuesta no es nueva, pues en 1988 el Banco Mundial otorgó créditos a México para implementar un plan similar, aunque los resultados de dicho acuerdo no se hicieron públicos.

Por otra parte, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), José Martínez Vilchis, manifestó temor acerca del programa. El gobierno no puede renunciar a su compromiso de apoyar la educación pública, en la que el Estado está obligado a invertir, advirtió.

Este sistema de becas, señaló, ha funcionado en países que tienen estudiantes con familias de más poder económico y más oportunidad de conseguir trabajo bien remunerado cuando egresan, de tal manera que pueden pagar el crédito una vez concluidos sus estudios, pero en México no estamos en esas condiciones, alertó.

El funcionario exhortó al gobierno federal a reflexionar y a consultar sobre la necesidad de incrementar los recursos de inversión para apoyar la enseñanza pública y así lograr la meta que establece la Ley General de Educación.

“Antes de seguirse por este camino habría primero que pedir al Estado que deje claro su compromiso de financiar con más recursos a la educación, con becas gratuitas y con más apoyo. Eso es fundamental y debería ir primero antes que buscar la forma que los estudiantes paguen para acceder a la enseñanza superior”.

Para el rector de la UAEM, el programa se podría implantar sólo si el Estado cumple sus obligaciones financieras marcadas en la Ley de Educación, es decir, incrementar la inversión en educación pública, y entre eso van las becas.

Además señaló: “lo que conviene al país es discutir cómo fortalecer la educación publica, no cómo disminuirla. Aquellos que creen que pueden hacer transitar al país hacia la educación privada se equivocan, pues México tiene a la mayor parte de la población en situación de pobreza”.