- Imprescindible, un acuerdo social sobre los conocimientos que el Estado debe procurar a los estudiantes
- Debe evitarse que los resultados se utilicen para culpar a docentes
Ante una tendencia creciente, regional y mundial, de aplicar evaluaciones estandarizadas que permitan conocer la dinámica de los procesos educativos y los logros académicos, expertos del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (Preal) advirtieron que la evaluación “por sí misma no produce mejoras, pues si bien es una condición necesaria, no es suficiente para mejorar la educación”.
En su reporte denominado Las evaluaciones educativas que América Latina necesita, el grupo de trabajo sobre estándares y evaluaciones, integrado por especialistas de la región, destaca que debido a que la educación es una actividad “particularmente opaca”, ya que sus logros y metas “no son directa ni inmediatamente observables, es necesario tener un sistema de información que permita hacer visibles los aspectos centrales de la labor educativa”.
Sin embargo, destaca que, para tener algún impacto, la evaluación debe ser concebida como un elemento articulado en un conjunto más amplio de acciones y políticas educativas que incluyan apoyo a las escuelas, dotación de recursos materiales y didácticos, formación docente y mejora de la gestión escolar y de las condiciones de los docentes, entre otras.
En su informe el Preal, organismo que cuenta con el apoyo de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, advierte que las pruebas estandarizadas no son sinónimo de calidad educativa, ya que si bien aportan información sobre una parte de la “calidad educativa”, el logro de un conjunto de saberes y capacidades considerados fundamentales, “no es un indicador completo de la misma, ya que la calidad educativa involucra otros aspectos igualmente importantes que no pueden ser evaluados a través de pruebas estandarizadas”.
Tras señalar que la educación es un “bien público y un derecho de todos los ciudadanos”, por lo que asegurar su calidad no puede quedar “limitado a mecanismos de mercado ni a un arreglo entre familias y escuelas ni a la libertad de cátedra de cada profesor”, destaca que el primer paso para diseñar un sistema de evaluación requiere de “construir un acuerdo social en torno a cuáles son esos conocimientos y capacidades fundamentales que el Estado debe procurar a todos los estudiantes al final de ciertos ciclos o niveles educativos”.
El siguiente paso, señala el documento, es definir cuáles serán sus finalidades específicas y para qué se usarán sus resultados, pues la evaluación estandarizada sólo podrá tener efectos positivos sobre la educación si es “concebida, percibida y empleada como un mecanismo de responsabilidad pública de todos los actores vinculados con el quehacer educativo”.
En cuanto a los resultados de las evaluaciones estandarizadas, el informe advierte que “debe evitarse cualquier uso con el fin deliberado o implícito de culpar o responsabilizar de manera exclusiva a ciertos actores”, así como que los datos obtenidos propicien de forma indirecta o directa la selección de estudiantes por parte de las escuelas, dado que esto generaría “mayor segmentación y desigualdad en el sistema educativo”.
Asimismo, revela que es ”inapropiado” utilizar los resultados de las pruebas estandarizadas como indicador principal de calidad del trabajo docente o de la escuela, “si no se ha controlado el efecto de otros factores internos y externos al sistema educativo”.
Falsa percepción
La mayoría de las clasificaciones de escuelas, advierte el informe, “transmiten una idea equivocada de la calidad educativa, ya que ésta no puede ser evaluada a través de un par de pruebas estandarizadas”, pues muchas veces las listas dan una “falsa imagen de ordenamiento, cuando muchas veces las diferencias no son significativas desde el punto de vista estadístico y, menos aún, desde el punto de vista educativo”.
Cualquier comparación de resultados entre escuelas, agrega, debe tomar en consideración tanto el tipo de población que atiende como los recursos humanos y materiales con los que cuenta, pues “no es legítimo comparar resultados entre escuelas que atienden a estudiantes de familias altamente educadas y aquellas que reciben a los alumnos de los contextos sociales más desfavorecidos”.
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