En México, como en el resto de América Latina, hay una expectativa inmensa o “exagerada” del potencial de la evaluación como herramienta para el cambio y el mejoramiento del sistema educativo, afirmó Patricia Arregui, coordinadora del grupo de trabajo sobre estándares y evaluaciones del Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe (Preal), quien destacó que “esto no será suficiente, si no se traduce en acciones e inversiones concretas que ayuden a superar los problemas que enfrenta el sector”.
Reconoció que si bien este mecanismo es “indispensable para conocer diversos factores que inciden en el proceso de enseñanza, simplemente estamos botando el dinero a la basura si los resultados obtenidos no se aplican adecuadamente y si no sirven para determinar prioridades, o peor aún, cuando se realizan análisis de mala calidad y se toman decisiones sobre esos resultados”.
En entrevista telefónica, luego de participar en el noveno Congreso Nacional de Investigación Educativa, efectuado del 6 al 9 de noviembre en Mérida, Yucatán, aseguró que es necesario que los países de la región “repiensen el uso de esos sistemas y se pregunten si están seguros que su diseño permite contestar las dudas que les interesa responder, así como determinar qué estrategia y qué recursos le van a asignar al sector en función de los resultados”.
Respecto a los datos que se difunde a la sociedad en torno a las evaluaciones, destacó que ha faltado “sistemas más acertados para explicar qué información nos ofrecen los datos obtenidos, pues se crea una falsa expectativa entre educación pública y privada, cuando no existen datos que comprueben que la enseñanza particular sea mejor que la pública, incluso se ha detectado que los padres de familia toman la decisión sobre la escuela a la que acudirán sus hijos por factores como la cercanía al hogar, formación de valores acordes con lo que piensa la familia, las ansias de estatus social, pero no la calidad del aprendizaje”.
Sin embargo, destacó que lo que “sí resulta peligroso es que se ha generado una desmoralización y una falta de apoyo cada vez mayor a la educación pública, con la idea de que toda formación que imparte el Estado es mala, que no vale la pena gastar recursos públicos en eso, y que cada quien se entienda por su lado, cuando no hay ninguna evidencia que diga que la escuela, por ser privada, necesariamente es mejor que la pública”.
Destacó que el informe más reciente sobre evaluaciones estandarizadas en América Latina, elaborado por el Preal y difundido en julio pasado, revela que ante una creciente aplicación de pruebas para medir el logro académico, cabe destacar que “si bien ese mecanismo es indispensable para conocer cómo vamos avanzando en los procesos educativos, también es cierto que no produce mejoras sólo por el simple hecho de aplicarlas, pues es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar el rubro”.
Si ésta no se va a usar para tomar decisiones, para definir prioridades de inversión, mejorar el currículum del docente y establecer metas claras; si no existen todos estos compromisos, entonces “estamos botando el dinero; pero si a eso añadimos que se pueden tener test de mala calidad y tomar decisiones sobre esa base, también estamos botando recursos”.
Por ello, insistió en que “a veces se exagera en ese tema, pues se cree que va a generar un efecto dominó. Que los maestros son los responsables de todo lo que está mal, y entonces ellos lo deben resolver. Debe quedar claro que la capacitación del docente es una inversión sostenida, cara, pero que hay que hacer para mejorar la educación”.
Arregui afirmó que si ese mecanismo no es una varita mágica que “resuelve todos los problemas, tampoco lo es el énfasis puesto a la rendición de cuentas, pues no se utiliza como herramienta para mejorar la educación, y de este modo no va a servir de nada, por el contrario va a despertar resistencia y se van a desperdiciar recursos y un enorme esfuerzo”.
En México se han hecho evaluaciones por muchos años, indicó, pero “no las usaban para nada, las tenían escondidas. Esto ha cambiado, pero todavía hace falta invertir mucho en difusión, en análisis, en utilización de los datos”.
Sobre el costo de las pruebas, aseguró que un estudio reciente del Preal reveló que en promedio es de 0.3 por ciento de los recursos destinados al sector que se va a evaluar, aunque puntualizó que hay un “enorme abanico de costos”.
Reconoció que si bien este mecanismo es “indispensable para conocer diversos factores que inciden en el proceso de enseñanza, simplemente estamos botando el dinero a la basura si los resultados obtenidos no se aplican adecuadamente y si no sirven para determinar prioridades, o peor aún, cuando se realizan análisis de mala calidad y se toman decisiones sobre esos resultados”.
En entrevista telefónica, luego de participar en el noveno Congreso Nacional de Investigación Educativa, efectuado del 6 al 9 de noviembre en Mérida, Yucatán, aseguró que es necesario que los países de la región “repiensen el uso de esos sistemas y se pregunten si están seguros que su diseño permite contestar las dudas que les interesa responder, así como determinar qué estrategia y qué recursos le van a asignar al sector en función de los resultados”.
Respecto a los datos que se difunde a la sociedad en torno a las evaluaciones, destacó que ha faltado “sistemas más acertados para explicar qué información nos ofrecen los datos obtenidos, pues se crea una falsa expectativa entre educación pública y privada, cuando no existen datos que comprueben que la enseñanza particular sea mejor que la pública, incluso se ha detectado que los padres de familia toman la decisión sobre la escuela a la que acudirán sus hijos por factores como la cercanía al hogar, formación de valores acordes con lo que piensa la familia, las ansias de estatus social, pero no la calidad del aprendizaje”.
Sin embargo, destacó que lo que “sí resulta peligroso es que se ha generado una desmoralización y una falta de apoyo cada vez mayor a la educación pública, con la idea de que toda formación que imparte el Estado es mala, que no vale la pena gastar recursos públicos en eso, y que cada quien se entienda por su lado, cuando no hay ninguna evidencia que diga que la escuela, por ser privada, necesariamente es mejor que la pública”.
Destacó que el informe más reciente sobre evaluaciones estandarizadas en América Latina, elaborado por el Preal y difundido en julio pasado, revela que ante una creciente aplicación de pruebas para medir el logro académico, cabe destacar que “si bien ese mecanismo es indispensable para conocer cómo vamos avanzando en los procesos educativos, también es cierto que no produce mejoras sólo por el simple hecho de aplicarlas, pues es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar el rubro”.
Si ésta no se va a usar para tomar decisiones, para definir prioridades de inversión, mejorar el currículum del docente y establecer metas claras; si no existen todos estos compromisos, entonces “estamos botando el dinero; pero si a eso añadimos que se pueden tener test de mala calidad y tomar decisiones sobre esa base, también estamos botando recursos”.
Por ello, insistió en que “a veces se exagera en ese tema, pues se cree que va a generar un efecto dominó. Que los maestros son los responsables de todo lo que está mal, y entonces ellos lo deben resolver. Debe quedar claro que la capacitación del docente es una inversión sostenida, cara, pero que hay que hacer para mejorar la educación”.
Arregui afirmó que si ese mecanismo no es una varita mágica que “resuelve todos los problemas, tampoco lo es el énfasis puesto a la rendición de cuentas, pues no se utiliza como herramienta para mejorar la educación, y de este modo no va a servir de nada, por el contrario va a despertar resistencia y se van a desperdiciar recursos y un enorme esfuerzo”.
En México se han hecho evaluaciones por muchos años, indicó, pero “no las usaban para nada, las tenían escondidas. Esto ha cambiado, pero todavía hace falta invertir mucho en difusión, en análisis, en utilización de los datos”.
Sobre el costo de las pruebas, aseguró que un estudio reciente del Preal reveló que en promedio es de 0.3 por ciento de los recursos destinados al sector que se va a evaluar, aunque puntualizó que hay un “enorme abanico de costos”.
Nota: La Jornada.
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