La aplicación de pruebas estandarizadas para conocer logros académicos y la generación de competencias y habilidades ha provocado no sólo en México, sino a escala regional y mundial, un amplio debate sobre qué se debe evaluar, cómo y cuál es el objetivo de identificar el grado de desarrollo de habilidades y competencias educativas.
Especialistas, académicos y profesores de enseñanza básica del país aseguran que la aplicación de éstas es un “debate abierto, pues sus resultados no se han traducido en acciones que concreten una política educativa integral, al percibirse como herramienta para determinar responsabilidades ante los bajos resultados académicos, pero no para construir soluciones”.
Investigadores de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe (Preal) expresan que si bien dichas evaluaciones se han convertido en elemento para conocer la dinámica de los procesos educativos, con el fin de detectar logros y estancamientos, sus resultados “no van a resolver los problemas si no van acompañados por mayor inversión, uso transparente de los recursos y un amplio e incluyente debate social sobre las decisiones que se deben tomar”.
Incluida como uno de los ejes prioritarios de la agenda educativa del gobierno calderonista, la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), que este año se aplicó a más de 11 millones de alumnos de enseñanza básica y por vez primera a cerca de 900 mil estudiantes de bachillerato de planteles federales, genera posiciones encontradas ante lo que maestros y especialistas han calificado de herramienta para “maquillar el creciente abandono, por parte del Estado, de la escuela pública, sin que se asuma que los resultados son generados por diversos factores, incluidos los que están fuera del aula y de la escuela”.
Diagnóstico sin atención
De acuerdo con especialistas del Preal, quienes elaboraron el informe Las evaluaciones educativas que América Latina necesita, difundido en enero pasado, si bien las pruebas estandarizadas pueden tener efectos positivos si son “concebidas, percibidas y empleadas” como mecanismo de responsabilidad pública que involucre a todos los actores del quehacer educativo, “siempre existe el riesgo de que la política en la materia se concentre a la implementación de pruebas, pero luego no se instrumenten acciones concretas para enfrentar y resolver los problemas que las mismas ponen de manifiesto”.
El documento advierte que muchas veces las autoridades se limitan a informes sobre los resultados y transfieren “toda la responsabilidad para la solución de los problemas detectados a escuelas y familias. Otras veces se atribuye a los docentes, quienes por su parte tienden a transferir la responsabilidad a los padres y al contexto”.
Por ello, destaca, es prioritario “evitar ingresar en una dinámica de culpabilización. Por el contrario, hay que intentar construir una lógica de responsabilidad compartida en torno a la enseñanza”.
Carlos Muñoz Izquierdo, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación, de la Universidad Iberoamericana (Uia), afirmó que la prueba Enlace “es una herramienta poderosísima para transparentar muchos procesos educativos, porque nos permite ver el avance por alumno, pero el problema es que los resultados no se usan adecuadamente”.
Agregó: “los resultados de Enlace han funcionado como diagnóstico que se da a un paciente enfermo, quien finalmente no hace nada para solucionar su padecimiento, situación que no es un problema de voluntad, sino de verdadero esfuerzo colectivo que aún no hemos querido realizar”.
El informe del Preal destaca que la evaluación estandarizada es condición necesaria, “pero no suficiente, para mejorar la enseñanza”, pues se considera sólo uno de los elementos claves de la política educativa, que debe sumarse a la atención de la formación docente inicial y en servicio, las condiciones laborales de los maestros, el diseño curricular, la gestión escolar, libros y materiales educativos, así como una “inversión de recursos proporcional a las necesidades de las diversas poblaciones y como acción más decidida de los responsables en la materia”.
Enlace, sin juicio de valor
Esmeralda Matute Villaseñor, directora del Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, experta en neurosicología y neurolingüística, destacó que el objetivo de la prueba Enlace “no es dar un juicio de valor. Por el contrario, se trata de establecer parámetros que nos permitan identificar cómo se está formando a los niños en distintas regiones del país”.
Es común, agregó, que se haga una “interpretación equivocada, pues no se trata de determinar si un niño está bien o mal, sino de utilizar una herramienta que nos permita identificar cómo estamos a escala nacional, en cada una de las entidades, con todas las diferencias que eso implica”.
Cuestionada sobre la aplicación de pruebas estandarizadas a estudiantes en contextos socioeconómicos y culturales distintos, aseguró: “lo más importante que aporta la prueba Enlace es que nos permite conocer cómo estamos a escala nacional y precisar cómo avanza un niño de la Mixteca oaxaqueña respecto de uno del Bajío. Lo primero es reconocer cómo estamos y luego adoptar estrategias”.
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